Represalias contra el informante: qué dice la ley y cómo protegerte

Una de las mayores barreras para que alguien use un canal de denuncias no es no saber que existe: es el miedo a las consecuencias. La Ley 2/2023 lo sabía, y por eso dedica un bloque entero a proteger a quien informa de buena fe frente a cualquier tipo de represalia.

¿Qué se considera represalia?

La ley no se limita al despido. Considera represalia cualquier acto u omisión que suponga un perjuicio para la persona informante, motivado por haber presentado una comunicación. Entre los ejemplos que la propia norma recoge:

• Suspensión, despido o su amenaza.
• Degradación, denegación de ascenso o cambio de funciones en contra de la voluntad de la persona.
• Modificación de horario, lugar de trabajo o reducción de salario.
• Evaluaciones de desempeño o referencias laborales negativas motivadas por la denuncia.
• Cancelación de un contrato de bienes o servicios, o de una licencia o permiso.
• Daño reputacional, especialmente en redes sociales, o presión, intimidación e incluso acoso.
• Inclusión en listas negras informales dentro del sector o la actividad correspondiente.

El listado es amplio a propósito: la ley busca cubrir formas sutiles de represalia, no solo las más evidentes.

¿Quién está protegido, además del propio informante?

La protección se extiende más allá de quien presenta la comunicación:

• Los facilitadores que ayudan a la persona informante en el proceso.
• Terceros relacionados con el informante que puedan sufrir represalias en un contexto laboral (compañeros, familiares).
• Las personas jurídicas propiedad del informante, o para las que trabaje, o con las que mantenga cualquier vínculo laboral.

La inversión de la carga de la prueba

Aquí está uno de los puntos con más impacto práctico de toda la ley: si una persona informante sufre un perjuicio después de haber presentado una comunicación, se presume que es una represalia, salvo que la empresa demuestre que la medida tenía una justificación objetiva y ajena a la denuncia.

En la práctica, esto invierte la lógica habitual: no es el trabajador quien tiene que demostrar que le despidieron por denunciar, sino la empresa quien tiene que demostrar que no fue por eso. Es una razón más, además de la ética, para que cualquier decisión que afecte a alguien que ha usado el canal quede bien documentada y justificada.

¿Qué consecuencias tiene tomar represalias?

Tomar represalias contra un informante está tipificado como infracción muy grave en la Ley 2/2023, con las sanciones que eso conlleva — lo explicamos con todos los importes en nuestra guía de sanciones. Además, los actos que constituyan represalia son nulos de pleno derecho si se impugnan judicialmente: un despido represaliado, por ejemplo, puede declararse nulo, no solo improcedente.

¿Qué debe hacer tu empresa para evitarlo?

• Dejar constancia, en la política del canal, de la prohibición expresa de represalias.
• Formar al equipo directivo para que cualquier decisión (evaluación, cambio de funciones, no renovación) que afecte a alguien vinculado a una comunicación reciente esté objetivamente justificada y documentada.
• Garantizar la confidencialidad de quien informa — la mejor protección contra la represalia es que, siempre que sea posible, nadie sepa quién ha presentado la comunicación.
• Designar a un Responsable del Sistema con independencia real para investigar sin presiones internas.

En resumen

La protección frente a represalias no es un añadido opcional del canal de denuncias: es una de sus piezas centrales, con una presunción legal que juega a favor del informante. Tenerlo presente al diseñar tu política y al formar a tu equipo es tan importante como tener el canal técnicamente activo.